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El TJUE Luxemburgo, con motivo de demanda de ANPE, reconoce el derecho del personal interino a adherirse al Plan de Evaluación docente

ANPE considera que la sentencia era inevitable, por la flagrante discriminación. El resultado es la nulidad del artículo 2 de la Ley 6/2009 del Principado

Antecedentes

El 18 Mayo de 2015 eran publicadas las listas provisionales de admitidos al Plan de Evaluación Docente 2014/15, cuyo balance era de más de 600 docentes interinos excluidos del Plan, sobre la base del art. 2 de la Ley 6/2009 que establece como requisito ser funcionario de carrera y acreditar 5 años de servicio.

El personal interino quedaba así excluido por su condición de tal, a pesar de que, tal y como ANPE ha defendido en la gestión del Plan y ante el Consejo Escolar del Principado, estos docentes deberían ser incluidos en atención a la Directiva Europea que niega la discriminación salarial en función del tipo de contrato o relación laboral. En terminología común "al mismo trabajo, mismo salario".

En consecuencia, desde ANPE, animamos entonces a todos nuestros afiliados y simpatizantes a presentar la oportuna reclamación, que fue desestimada en vía administrativa y estimada por el Juzgado Contencioso nº 4 de Oviedo. Por su parte, el Juzgado nº 1 decidió elevar cuestión prejudicial ante el TJUE para que resolviera si la Cláusula 4 del acuerdo marco se opone al artículo 2 de la Ley 6/2009, de 29 de diciembre, cuya decisión hemos conocido ahora, sobre la base de la misma normativa que ya en su día permitió, a iniciativa de los servicios jurídicos de ANPE, el cobro de trienios y sexenios.

Fundamentos jurídicos

La demanda de ANPE se fundamenta en que, por un lado, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación dispone en su art. 106 que "A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la Función docente, con la participación del profesorado", sin establecer otro condicionante, criterio que corrobora la Directiva Europea 1999/70/CE, de obligado cumplimiento, que rechaza la discriminación salarial en virtud del vínculo laboral que se tenga con la Administración, de duración determinada o no.

Por su parte, la Ley 6/2009 del Principado de Asturias considera los Planes de evaluación como un parámetro de funcionamiento y medición del sistema educativo asturiano a través del reconocimiento y la evaluación de la función que desarrolla el personal docente, sobre la base de 3 ámbitos: la formación, la mayor dedicación al centro o al servicio educativo y la participación en la consecución de objetivos colectivos del centro. Se valoran ítems objetivos y acreditables documentalmente, que pueden ser cumplidos indistintamente por cualquier docente, sea interino o funcionario de carrera.

La Administración se ha limitado a oponerse a la incorporación de este personal, pero sin aportar razones objetivas para justificar la discriminación, constatando las diversas sentencias que: “un examen detallado del plan de evaluación de la función docente demuestra bien a las claras que ninguno de sus tres apartados: la formación, la mayor dedicación y la participación en los objetivos del centro, son ajenos al trabajo desarrollado por los funcionarios, sean de carrera o interinos. De modo que no estaría justificado, atendiendo a los tres criterios antes referidos, discriminar a unos y otros funcionarios en virtud de su vinculación, sea indefinida sea temporal”.

Al personal interino, el 28% de la plantilla docente, se le ha castigado, así, doblemente, al mantenerlo en el limbo de la eventualidad con la escasa o casi nula convocatoria de oposiciones que les impide precisamente adquirir la condición de funcionario, y porque se les priva del acceso a los incentivos económicos como resultado de una evaluación positiva.

Auto del TJUE

El Tribunal Europeo ha dictado un Auto sobre la situación de un profesor interino quien, asesorado por el letrado de ANPE, Agustín Martín de Diego, solicitó la incorporación al Plan de evaluación docente y cuya solicitud resultó rechazada únicamente por no tener la condición de funcionario de carrera, a pesar de que sus 16 años de experiencia acreditan suficientemente el requisito de los 5 años de prestación de servicios que se exigen para la inclusión en dicho Plan.

La resolución del TJUE adopta la forma de Auto motivado y no de sentencia porque considera que la respuesta se deduce claramente de la jurisprudencia y no suscita ninguna duda razonable. El Auto recuerda que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es incondicional y suficientemente precisa para que los particulares puedan invocarla frente al Estado ante un Juez nacional.

Consecuencias

El resultado es la nulidad del artículo 2 de la Ley 6/2009 del Principado, por lo que a partir de este momento los tribunales podrán dictar sentencias motivadas sobre la base del Auto.

ANPE considera que la sentencia era inevitable, por la flagrante discriminación, como reconocían en los pasillos los responsables educativos, y ahora es el momento de que la Consejería acate el mandato judicial y no alargue el proceso, como acostumbran y como se intentó, en vano, en los procesos paralelos de trienios y sexenios.

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