La Administración está obligada a buscar una salida...

...Los empleados públicos del Principado no pueden ser los ‘paganos’ de este desaguisado, gestado a medias por la inoperancia de la Administración, que se empecinó en no dar cobertura legal al pago a cuenta, y los sindicatos recurrentes, especialmente los del ámbito educativo, que, con la excusa del ‘cheque en blanco’, pidieron expresamente (¡!) la exclusión de sus representados, el personal docente, de un modelo de gestión que premiaba el esfuerzo, el mérito y la capacidad.

Existe un Acuerdo firmado, que tiene categoría de norma y que la Administración está obligada a cumplir: tiene en su mano la capacidad legal para hacerlo y existen fórmulas para que ‘recupere’ el pago del llamado complemento de productividad, de manera que nadie vea mermada su nómina.

En concreto, este pago a cuenta había permitido a los docentes asturianos salir del furgón de cola de retribuciones del conjunto del estado, adonde volvemos ahora, caso de no tomarse la decisión de articular el abono para el conjunto del colectivo.

Mal final de curso estamos viviendo, mal inicio de curso se espera, el caldo de cultivo en los centros educativos no es el mejor: cunde la ira, la perplejidad, la desmoralización y la sensación de que unos y otros nos han robado la cartera...

• La necesidad de convocar la Mesa sectorial de educación, marco profesional y específico de negociación.
• La reivindicación del desarrollo de la Carrera Profesional, para premiar  la experiencia y el compromiso reconociendo el mérito y la implicación.
• La homologación salarial de los docentes asturianos con la media salarial  de los docentes españoles.
• La mejora de la calidad de la enseñanza y de las condiciones sociolaborales del profesorado.

LA CARRERA PROFESIONAL ANULADA

Hoy se ha conocido el fallo del TSJA, que estima el recurso planteado por SUATEA, CSIF, CSI contra la aplicación de llamada ‘carrera profesional’. Ver sentencia

Llama la atención que, de los sindicatos recurrentes, dos son del ámbito educativo y otro no tiene presencia en educación (apenas sí tiene representatividad en la administración). ¿Qué intereses defienden?. Los de los docentes, no, desde luego. Quizás los de la propia Administración, que se ahorra unos buenos cuartos.

La sentencia establece la nulidad de la misma por la ausencia de la normativa que la regule, ‘huérfana de desarrollo legal’ en palabras de los jueces.

Como consecuencia inmediata, a partir de julio los docentes dejarán de percibir en sus nóminas las cantidades correspondientes al primer tramo de la carrera, 216 y 138€, Secundaria y Maestros, respectivamente…Excepto que la Consejería decida recurrir el fallo, cosa improbable por la razón esgrimida: se ahorra unos buenos cuartos.

Nada dice la sentencia de la devolución de las cantidades percibidas. Pero puede ocurrir que, de seguir adelante el recurso de los sindicatos mencionados (SUATEA, CSIF, CSI), se produjera una aplicación de sentencia adicional que obligara a ello.

Un papel determinante en este proceso ha sido la inexistencia de una Mesa Sectorial en la que desarrollar la carrera profesional docente, por lo que los sindicatos firmantes del Acuerdo de Carrera Profesional, los de la Mesa General, tienen una responsabilidad importante en este fiasco. El efecto visible de la vergonzante intención de algunos integrantes de la Mesa General, que pactaron la exclusión de los docentes de la carrera profesional y la supresión de la Mesa Sectorial de Educación, con petición escrita expresa rechazando su convocatoria, ante la iniciativa parlamentaria que la promovía en la Junta General del Principado. Ver carta dirigida a los Grupos Parlamentarios rechazando convocatoria Mesa Sectorial

Y no nos referimos a los sindicatos de sanidad, cuyo personal está cobrando religiosamente desde junio de 2008 al tener una norma propia que regula su carrera, sino de los llamados sindicatos ‘mayoritarios’, CCOO y UGT.

El primero rechazó la inclusión de los docentes en el acuerdo de diciembre de 2006. El segundo no ha sabido hacer valer la validez de una norma, el acuerdo, ni ha favorecido, con su pasividad, el desarrollo normativo de la carrera, a pesar de su cercanía a los resortes del poder.

ANPE lamenta la sentencia hoy conocida. Llevábamos meses alertando de la posibilidad real de que la carrera se viera cercenada por las maniobras de unos y las dilaciones de otros.

ANPE siempre ha apostado, y lo sigue haciendo, por un modelo de carrera profesional ajustado a derecho, con un desarrollo normativo que la Consejería de Administraciones Públicas se ha afanado en obviar, pues ha tenido más de 2 años para hacerlo.

La sentencia suspende al gobierno asturiano: una muesca más que añadir en la errática política de personal de la Consejería de Administraciones Públicas, quien como toda medida se limita a decir que “fueron los sindicatos” los que interpusieron el recurso contra la carrera, con el ánimo evidente de salpicar al conjunto de la representatividad sindical…Pero no lo va a lograr, pues existe hemeroteca y documentos que aclaran quién es el recurrente y quiénes los demandados. Ver.

Se pretende así echar balones fuera de la propia responsabilidad, que la titular de la Consejería debería asumir inmediatamente, presentando su dimisión.

ANPE hubiera deseado que la sentencia hubiera dejado expedito el camino para el cobro del nivel I a quienes no solicitaron la carrera por no cumplir el requisito (que ahora sí cumplen, 5 años antigüedad), a quienes estaban de baja en el momento de la apertura del plazo, a quienes se incorporaron como funcionarios en Asturias tras el concurso de traslados de ese curso y el actual, al personal interino…

ANPE quiere, además, manifestar su más firme rechazo ante las maniobras dilatorias de unos y otros, que tiene como consecuencia el barbecho de un logro trascendental para la dignificación social y profesional de la función docente. Un reconocimiento social y económico merecido, por el que seguiremos luchando, pues se trata de un reconocimiento explícito del esfuerzo formativo y de la implicación del profesorado en Asturias, uno de los pilares básicos de la educación y de los resultados académicos, y que da respuesta al sentir mayoritario del profesorado, que aspira a ver reconocida económicamente, por este medio, su experiencia y dedicación.